RESUMEN DE BAGUAZO

La Amazonía peruana y “El Baguazo”: problemas de fondo

Uno de los temas centrales para entender lo sucedido en Bagua el 5 de junio de 2009 es la fractura existente entre el Estado y la sociedad peruana. Una manera de abordar esta fractura se relaciona con el título de un texto de la historiadora Cecilia Méndez  (2000): “Incas sí, indios no”, es decir idealizar el pasado inca pero mostrar un claro desprecio por los peruanos de los pueblos indígenas de hoy. Por ello, no es fortuito aquello que “ellos (los peruanos de los Pueblos Amazónicos) no son de primera categoría”, que es lo que dijera Alan García pocos días después del 5 de junio de 2009, sino que revela justamente la continuidad de ese desprecio de la clase política, de tradición aristocrática y excluyente, de los criollos limeños por los peruanos de las provincias del país, desconociendo los derechos de los pueblos indígenas, su cultura y formas de vida. Esto es parte de los problemas de  fondo que  lo sucedido el 5 de junio nos revela, una vez más, de un trágico modo,  y es aún una tarea pendiente por s

Han transcurrido tres semanas desde los violentos enfrentamientos entre peruanos en Bagua y, finalmente, y Creemos que es momento de mirar más allá de los actos sangrientos y de sus responsables políticos e inmediatos, sin que ello implique restarle importancia a las tareas pendientes para aclarar estos sucesos. Hemos sido testigos de un momento crítico para la consolidación de un movimiento social hasta hace poco incipiente, uno que probablemente trascienda el contexto específico de los reclamos amazónicos frente a decretos hoy ya derogados. Más aún, las proyecciones de este movimiento se pueden constituir en adelante como un serio desafío al modelo económico y de desarrollo que ha predominado en el país en los últimos dos decenios.

Para entender la importancia que han adquirido las fuerzas de protesta lideradas por los grupos amazónicos es necesario, ante todo, entender que como movimiento social puede tener efectos políticos muy significativos sin tener las características formales de los partidos u otras instituciones políticas. Un movimiento social de carácter nacional no requiere de una organización jerárquica ni centralizada, ni siquiera de una ideología claramente definida para pugnar con éxito por alcanzar sus objetivos. Los movimientos sociales contemporáneos, por el contrario, suelen estar organizados de manera descentralizada y fluida, y actuar en función de factores de afirmación de la identidad, luchando por derechos, por ejemplo, sociales y culturales, y por la integridad de su territorio. En este sentido, el movimiento de protesta amazónico se estaría constituyendo en un movimiento social de alcance nacional y, a pesar del terrible costo en vidas de civiles y policías del Baguazo, se puede decir que ya sumó sus primeras victorias.

Consideramos que el gobierno actual y sus aliados han venido subestimado la repercusión que estos grupos en conjunto pueden tener en la escena política nacional. En este informe empezamos por recapitular la secuencia de los principales sucesos que llevaron a los lamentables incidentes del 5 de junio, buscando hallar en ellos las evidencias de un movimiento incipiente que finalmente ha logrado repercusión nacional y la movilización de otros actores con intereses afines. Luego, caracterizamos el movimiento amazónico como movimiento social que desafía al Estado en la medida en que este último impulsa un modelo de desarrollo que los perjudica. Finalmente, analizamos algunas implicancias políticas del surgimiento de este movimiento social para las próximas elecciones locales, regionales y nacionales.

¿Un Baguazo anunciado?

En diciembre de 2007, el Congreso de la República le otorga facultades al Ejecutivo para legislar en materia referente al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Entre marzo y junio de 2008, el Ejecutivo promulga diversos Decretos Legislativos (DL) utilizando estas facultades, entre ellos, algunos que afectan directamente los territorios amazónicos y los derechos de los pueblos indígenas.1 Muchas instituciones de la sociedad civil, así como la Defensoría del Pueblo,2 consideraron que estos DL violaban los derechos a la consulta a los indígenas, a la tierra y al territorio, al uso de los recursos naturales y a la libre determinación al desarrollo.3 Desde el mes de julio del 2008, empiezan las protestas y paros de grupos amazónicos contra la mencionada legislación, pero pocos medios periodísticos informan sobre estos sucesos.

Los pueblos awajún y wampis han tenido el mayor protagonismo dentro de este movimiento, y están desde hace mucho tiempo organizados a través de sus federaciones, de los ronderos y de sus apus, ante la ausencia del Estado en sus comunidades. Concretamente, la paralización en la Amazonía a mediados de 2008 fue liderada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) que representa a comunidades awajún y wampi. En agosto de 2008, cuando esta paralización se hace más fuerte, el Congreso decide derogar los decretos 1015 y 1073, que modificó al 1015 (ver anexo). Este es el primer triunfo del movimiento amazónico, mientras que el Presidente de la República consideró la derogatoria un “error histórico”.

El Congreso decide conformar una comisión para estudiar los demás decretos, sobre todo los puntos que chocan con la Constitución y tienen que ver con la violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En marzo de 2009, AIDESEP envía cartas al Congreso y al Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, exigiendo que la mencionada comisión finalmente emitiera opinión respecto a los demás decretos en cuestión. Allí empieza lo que se consideró la “mecida” del gobierno aprista que exacerbara los ánimos de los grupos indígenas. A falta de una respuesta, el 9 de abril las organizaciones indígenas deciden iniciar una huelga general indefinida. La protesta se siente en todas las regiones amazónicas, pero en Lima, nuevamente, hubo poca cobertura de los medios.

El 20 de abril, Yehude Simon y los dirigentes de AIDESEP acuerdan formar una comisión multisectorial para revisar los decretos, pero no se levanta la huelga. En los días siguientes, la huelga se agudiza en diversas zonas del país. Se bloquean carreteras importantes, se impide la navegación en algunos ríos y se toma infraestructura petrolera. El 9 de mayo, el Gobierno declara por 60 días en emergencia a distritos de cuatro departamentos. De esta manera, comienza la polarización: por un lado, el Gobierno que busca ejercer la autoridad y no establece aún una mesa de diálogo y, por otro, el movimiento indígena que defiende sus derechos.

El 15 de mayo, en un acto aparentemente desesperado, el dirigente máximo de AIDESEP, Alberto Pizango, hace un llamado a la insurgencia. Sin embargo, se retracta en pocas horas gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo, que hasta el momento venía jugando un rol importante para frenar la violencia. Los bloqueos continúan y el Gobierno sigue sin escuchar. Mientras tanto, la Comisión de Constitución del Congreso declara inconstitucional el DL 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre), quedando pendiente su discusión en el pleno del Congreso.

Recién el 20 de mayo se instala la “mesa de diálogo”, pero lo que se da en realidad es un “diálogo de sordos”: para el Premier es suficiente con realizar algunas enmiendas a los documentos mientras que los líderes amazónicos exigen su derogación por haberse formulado sin consulta previa, además de demandar la discusión de temas de fondo relativos al desarrollo de la selva.

Las opiniones del Gobierno, sobre todo las del Presidente García (“la selva es de todos los peruanos, no solo de un grupo”), evidencian poca comprensión de la naturaleza de los reclamos de los amazónicos y acentúan la polarización. Más aún, se advierte una posible denuncia a Alberto Pizango por rebelión, sedición y conspiración. Esta situación, y el Estado de Emergencia que lleva casi un mes, encienden los ánimos

El 4 de junio, con voto de la mayoría aprista, se suspende el debate de la derogatoria de los DL 1090 y 1064. Para los dirigentes de AIDESEP esto confirma la “mecida” del Gobierno respecto a sus demandas. Ese mismo día, la Defensoría del Pueblo presenta una demanda de inconstitucionalidad contra el DL 1064 porque vulnera los derechos constitucionales de propiedad de la tierra y de consulta previa a los pueblos indígenas.

El viernes 5 de junio será recordado como el “Baguazo”, donde se dio un enfrentamiento entre policías y más de tres mil indígenas de las etnias awajún y wampis, así como campesinos, ronderos y ex combatientes del Cenepa que habían tomado la carretera. Perdieron la vida 24 policías y un número oficial de 11 nativos fallecidos, que podría ser mucho mayor según varias fuentes extraoficiales.

Sobre lo sucedido quedaron muchas dudas. Sin embargo, el Gobierno acentuó la polarización y arremetió contra los indígenas, con el mismo Presidente señalándolos como terroristas financiados por extranjeros. Enfrentando una orden de captura, Alberto Pizango ingresa a la Embajada de Nicaragua y pide asilo como perseguido político.

El Congreso de la República se reúne de emergencia el 10 de junio para suspender indefinidamente los DL 1090 y 1064. Los dirigentes amazónicos consideraron este hecho una burla más del Gobierno, pues ellos exigían la derogatoria. Más aún, se denuncia a varios líderes de AIDESEP por apología y sedición.

Mientras tanto, el movimiento amazónico siguió ganando adeptos: grupos indígenas de otras regiones, organizaciones gremiales como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Coordinadora Político Social y otros respaldaron la posición amazónica con una gran marcha nacional llevada a cabo el 11 de junio, en la que también participaron miles de estudiantes universitarios.

Debido al creciente descontento de la opinión pública, evidenciado en diversas encuestas y múltiples protestas, el gobierno empezó a ceder ante la presión. El Premier, tras reunirse con dirigentes amazónicos, acepta derogar los decretos cuestionados mientras que, el 18 de junio, el Presidente reconoce débilmente los errores cometidos durante el diálogo con los dirigentes de la Amazonía. Afirma, asimismo, su respaldo al premier Simon sobre la derogatoria de los cuestionados decretos.

Al día siguiente, exactamente dos semanas después del Baguazo, el Congreso confirmó la derogatoria de los DL 1090 y 1064. En respuesta a ello, los dirigentes de AIDESEP piden a sus bases levantar las medidas de fuerza. El viernes 19 de junio, cuando ya el Premier había anunciado que dejaría su cartera apenas se calme la situación, la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, anunció que todos los ministros habían puesto sus cargos a disposición.

Actualmente se espera que lleguen a concretarse los ofrecimientos de la conformación de una comisión investigadora sobre los hechos del Baguazo que el Gobierno anunció el 24 de junio. Si bien se ha logrado reducir las tensiones en la Selva Norte, quedan diversos asuntos por investigar y denuncias pendientes por esclarecer. Urgen las investigaciones sobre las denuncias de un número mucho mayor de desaparecidos a la cifra oficial.4 Asimismo, falta aclarar la situación judicial de Alberto Pizango y otros dirigentes, así como la orden de captura contra Santiago Manuin, dirigente de la Creemos que es momento de mirar más allá de los actos sangrientos y de sus responsables políticos e inmediatos, sin que ello implique restarle importancia a las tareas pendientes para aclarar estos sucesos. Hemos sido testigos de un momento crítico para la consolidación de un movimiento social hasta hace poco incipiente, uno que probablemente trascienda el contexto específico de los reclamos amazónicos frente a decretos hoy ya derogados. Más aún, las proyecciones de este movimiento se pueden constituir en adelante como un serio desafío al modelo económico y de desarrollo que ha predominado en el país en los últimos dos decenios.

Para entender la importancia que han adquirido las fuerzas de protesta lideradas por los grupos amazónicos es necesario, ante todo, entender que como movimiento social puede tener efectos políticos muy significativos sin tener las características formales de los partidos u otras instituciones políticas. Un movimiento social de carácter nacional no requiere de una organización jerárquica ni centralizada, ni siquiera de una ideología claramente definida para pugnar con éxito por alcanzar sus objetivos. Los movimientos sociales contemporáneos, por el contrario, suelen estar organizados de manera descentralizada y fluida, y actuar en función de factores de afirmación de la identidad, luchando por derechos, por ejemplo, sociales y culturales, y por la integridad de su territorio. En este sentido, el movimiento de protesta amazónico se estaría constituyendo en un movimiento social de alcance nacional y, a pesar del terrible costo en vidas de civiles y policías del Baguazo, se puede decir que ya sumó sus primeras victorias.

Consideramos que el gobierno actual y sus aliados han venido subestimado la repercusión que estos grupos en conjunto pueden tener en la escena política nacional. En este informe empezamos por recapitular la secuencia de los principales sucesos que llevaron a los lamentables incidentes del 5 de junio, buscando hallar en ellos las evidencias de un movimiento incipiente que finalmente ha logrado repercusión nacional y la movilización de otros actores con intereses afines. Luego, caracterizamos el movimiento amazónico como movimiento social que desafía al Estado en la medida en que este último impulsa un modelo de desarrollo que los perjudica. Finalmente, analizamos algunas implicancias políticas del surgimiento de este movimiento social para las próximas elecciones locales, regionales y nacionales.

¿Un Baguazo anunciado?

En diciembre de 2007, el Congreso de la República le otorga facultades al Ejecutivo para legislar en materia referente al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Entre marzo y junio de 2008, el Ejecutivo promulga diversos Decretos Legislativos (DL) utilizando estas facultades, entre ellos, algunos que afectan directamente los territorios amazónicos y los derechos de los pueblos indígenas.1 Muchas instituciones de la sociedad civil, así como la Defensoría del Pueblo,2 consideraron que estos DL violaban los derechos a la consulta a los indígenas, a la tierra y al territorio, al uso de los recursos naturales y a la libre determinación al desarrollo.3 Desde el mes de julio del 2008, empiezan las protestas y paros de grupos amazónicos contra la mencionada legislación, pero pocos medios periodísticos informan sobre estos sucesos.

Los pueblos awajún y wampis han tenido el mayor protagonismo dentro de este movimiento, y están desde hace mucho tiempo organizados a través de sus federaciones, de los ronderos y de sus apus, ante la ausencia del Estado en sus comunidades. Concretamente, la paralización en la Amazonía a mediados de 2008 fue liderada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) que representa a comunidades awajún y wampi. En agosto de 2008, cuando esta paralización se hace más fuerte, el Congreso decide derogar los decretos 1015 y 1073, que modificó al 1015 (ver anexo). Este es el primer triunfo del movimiento amazónico, mientras que el Presidente de la República consideró la derogatoria un “error histórico”.

El Congreso decide conformar una comisión para estudiar los demás decretos, sobre todo los puntos que chocan con la Constitución y tienen que ver con la violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En marzo de 2009, AIDESEP envía cartas al Congreso y al Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, exigiendo que la mencionada comisión finalmente emitiera opinión respecto a los demás decretos en cuestión. Allí empieza lo que se consideró la “mecida” del gobierno aprista que exacerbara los ánimos de los grupos indígenas. A falta de una respuesta, el 9 de abril las organizaciones indígenas deciden iniciar una huelga general indefinida. La protesta se siente en todas las regiones amazónicas, pero en Lima, nuevamente, hubo poca cobertura de los medios.

El 20 de abril, Yehude Simon y los dirigentes de AIDESEP acuerdan formar una comisión multisectorial para revisar los decretos, pero no se levanta la huelga. En los días siguientes, la huelga se agudiza en diversas zonas del país. Se bloquean carreteras importantes, se impide la navegación en algunos ríos y se toma infraestructura petrolera. El 9 de mayo, el Gobierno declara por 60 días en emergencia a distritos de cuatro departamentos. De esta manera, comienza la polarización: por un lado, el Gobierno que busca ejercer la autoridad y no establece aún una mesa de diálogo y, por otro, el movimiento indígena que defiende sus derechos.

El 15 de mayo, en un acto aparentemente desesperado, el dirigente máximo de AIDESEP, Alberto Pizango, hace un llamado a la insurgencia. Sin embargo, se retracta en pocas horas gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo, que hasta el momento venía jugando un rol importante para frenar la violencia. Los bloqueos continúan y el Gobierno sigue sin escuchar. Mientras tanto, la Comisión de Constitución del Congreso declara inconstitucional el DL 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre), quedando pendiente su discusión en el pleno del Congreso.

Recién el 20 de mayo se instala la “mesa de diálogo”, pero lo que se da en realidad es un “diálogo de sordos”: para el Premier es suficiente con realizar algunas enmiendas a los documentos mientras que los líderes amazónicos exigen su derogación por haberse formulado sin consulta previa, además de demandar la discusión de temas de fondo relativos al desarrollo de la selva.

Las opiniones del Gobierno, sobre todo las del Presidente García (“la selva es de todos los peruanos, no solo de un grupo”), evidencian poca comprensión de la naturaleza de los reclamos de los amazónicos y acentúan la polarización. Más aún, se advierte una posible denuncia a Alberto Pizango por rebelión, sedición y conspiración. Esta situación, y el Estado de Emergencia que lleva casi un mes, encienden los ánimos

El 4 de junio, con voto de la mayoría aprista, se suspende el debate de la derogatoria de los DL 1090 y 1064. Para los dirigentes de AIDESEP esto confirma la “mecida” del Gobierno respecto a sus demandas. Ese mismo día, la Defensoría del Pueblo presenta una demanda de inconstitucionalidad contra el DL 1064 porque vulnera los derechos constitucionales de propiedad de la tierra y de consulta previa a los pueblos indígenas.

El viernes 5 de junio será recordado como el “Baguazo”, donde se dio un enfrentamiento entre policías y más de tres mil indígenas de las etnias awajún y wampis, así como campesinos, ronderos y ex combatientes del Cenepa que habían tomado la carretera. Perdieron la vida 24 policías y un número oficial de 11 nativos fallecidos, que podría ser mucho mayor según varias fuentes extraoficiales.

Sobre lo sucedido quedaron muchas dudas. Sin embargo, el Gobierno acentuó la polarización y arremetió contra los indígenas, con el mismo Presidente señalándolos como terroristas financiados por extranjeros. Enfrentando una orden de captura, Alberto Pizango ingresa a la Embajada de Nicaragua y pide asilo como perseguido político.

El Congreso de la República se reúne de emergencia el 10 de junio para suspender indefinidamente los DL 1090 y 1064. Los dirigentes amazónicos consideraron este hecho una burla más del Gobierno, pues ellos exigían la derogatoria. Más aún, se denuncia a varios líderes de AIDESEP por apología y sedición.

Mientras tanto, el movimiento amazónico siguió ganando adeptos: grupos indígenas de otras regiones, organizaciones gremiales como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Coordinadora Político Social y otros respaldaron la posición amazónica con una gran marcha nacional llevada a cabo el 11 de junio, en la que también participaron miles de estudiantes universitarios.

Debido al creciente descontento de la opinión pública, evidenciado en diversas encuestas y múltiples protestas, el gobierno empezó a ceder ante la presión. El Premier, tras reunirse con dirigentes amazónicos, acepta derogar los decretos cuestionados mientras que, el 18 de junio, el Presidente reconoce débilmente los errores cometidos durante el diálogo con los dirigentes de la Amazonía. Afirma, asimismo, su respaldo al premier Simon sobre la derogatoria de los cuestionados decretos.

Al día siguiente, exactamente dos semanas después del Baguazo, el Congreso confirmó la derogatoria de los DL 1090 y 1064. En respuesta a ello, los dirigentes de AIDESEP piden a sus bases levantar las medidas de fuerza. El viernes 19 de junio, cuando ya el Premier había anunciado que dejaría su cartera apenas se calme la situación, la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, anunció que todos los ministros habían puesto sus cargos a disposición.

Actualmente se espera que lleguen a concretarse los ofrecimientos de la conformación de una comisión investigadora sobre los hechos del Baguazo que el Gobierno anunció el 24 de junio. Si bien se ha logrado reducir las tensiones en la Selva Norte, quedan diversos asuntos por investigar y denuncias pendientes por esclarecer. Urgen las investigaciones sobre las denuncias de un número mucho mayor de desaparecidos a la cifra oficial.4 Asimismo, falta aclarar la situación judicial de Alberto Pizango y otros dirigentes, así como la orden de captura contra Santiago Manuin, dirigente de la provincia de Condorcanqui gravemente herido en el enfrentamiento. Además, habría aún una cuarentena de líderes indígenas presos. Más allá de los directamente involucrados en los sucesos de Bagua, preocupa la actitud del Gobierno al suspender a siete congresistas nacionalistas, por un periodo que en la realidad sobrepasa los 6 meses, pues cambia la correlación política de fuerzas para la elección de la próxima junta directiva en el Congreso.

Por otra parte, el Presidente calificó a los nativos de “subversivos”. Este tipo de caracterización, además de tratarlos explícita o implícitamente como “ignorantes” e “incapaces”, ha sido finalmente un pretexto para buscar eliminarlos como interlocutores válidos en cualquier proceso de diálogo sobre el uso de la Amazonía. Viendo lo sucedido después, cabe preguntarse: ¿se sienta acaso el gobierno peruano a negociar con “subversivos” y ceder ante sus demandas?